Estado
de Bienestar y crisis
Vivimos
en una sociedad global, donde la diversidad y la heterogeneidad son nuestra
realidad. Pero lo que impera es un único orden económico y cultural, el
occidental. Un mercado asimétrico de narrativas identitarias (Beck, 1999).
Un
mundo diverso cuya esencia es el cambio, la modernidad líquida que señala
Bauman (2000), los sólidos conservan su forma y persisten en el tiempo: duran.
Los líquidos son informes y se transforman sin parar: fluyen. Así, la
desregulación, la flexibilización, la liberalización de los mercados… son
consecuencias de esa fluidez.
El
Estado de Bienestar, cuyo origen se remonta a la época de la Ilustración, con
la aparición de la figura del Déspota
Ilustrado, hace referencia a traer progreso y bienestar social y económico al
pueblo.
Será
a partir de 1945, como consecuencia de la crisis generalizada de la Gran
Depresión, cuando este término encuentre su sentido, coincidiendo con el auge
del capitalismo, o como dice Eric Hobsbawn (1999) “la edad de oro del
capitalismo”.
La
RAE define Bienestar como, “la organización del estado en la que éste tiende a
procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones sociales
para los más desfavorecidos”. O como señaló Marshall, “la combinación especial
de democracia, capitalismo y bienestar social”.
Los
Estados de Bienestar fueron el resultado combinado de diversos factores,
entre los cuáles se destaca el reformismo socialdemócrata, el
socialismo cristiano, y las élites políticas y económicas conservadoras
ilustradas. Todas estas fuerzas políticas y sociales en conjunto con los
sindicatos impulsaron reformas de seguro obligatorio, protección
al trabajo, salario mínimo, expansión de los servicios sanitarios y
educativos, y alojamientos subvencionados estatalmente (Offe, 1990)
El
estado de bienestar realiza una serie de intervenciones públicas, tales como:
los servicios públicos, que incluyen la sanidad, la educación, servicios de
ayudas a las familias. Normas y sanciones para proteger a los ciudadanos y
residentes. Ofrecer las condiciones necesarias para la creación de un buen
empleo y la reducción de las desigualdades sociales.
Actualmente,
estamos viendo como los pilares que sostienen dicho estado de bienestar están
muy deteriorados, tanto en Europa, como España.
Dichos pilares son, sanidad, educación,
pensiones. Y un cuarto pilar, como señala Vicenç Navarro, servicio de
ayuda a la familia a través de las escuelas de infancia y servicios
domiciliarios (dependencia).
Hemos
sufrido una profunda crisis financiera y económica, derivando en crisis política. Y como consecuencia de
ello, padecido unos enormes recortes sociales para evitar “la quiebra” del
estado, y ahora podemos ver las consecuencias a nivel social, la desigualdad.
La
crisis ha sido la expresión de la exuberancia irracional de los mercados,
dejando enormes consecuencias sociales y económicas. La socialización de las
pérdidas, la reducción del gasto público, reformas que llevan al déficit,
rebajas fiscales…. Todo ello supone la debilitación del Estado, dejándole sin
capacidad para hacer frente a los efectos sociales de la crisis y avanzar en el
desarrollo de los derechos sociales. Es decir, no ha habido una refundación
ética del capitalismo.
Hay
que señalar, que en España el Estado de Bienestar, siguiendo el modelo
Mediterráneo, se caracteriza por su desarrollo tardío, con un gasto social
bajo, basado en las pensiones, segmentación de los derechos,..Y con el auge de
las ideas neoliberales el pacto social construido en torno al Estado de
Bienestar se está desmantelando, mejor dicho, se lleva desmantelando desde la
Gran Depresión, y ahora, con la Gran Recesión,
a través de la privatización de derechos (y de lo público), la idea de la economía por encima de todo, en
definitiva, impera la filosofía del pensamiento único que señala Gramsci.
Políticas
sociales. Actualidad y futuro
Con
esta situación, nuestros gobernantes entendieron que la solución, o mejor
dicho, el parche para la crisis era llevar a cabo políticas de ajuste
permanente, que tenían como objetivo, recuperar la confianza en los mercados y
la consolidación fiscal. Esto se traduce en, mejorar el enorme crecimiento de
las rentas del capital y su concentración en una minoría; y por otro lado, la
escasez de dinero para la mayoría de la población, tal y como apuntan desde el Observatorio
Social de España.
A
nivel social, todas estas políticas de ajuste vacían el contenido del Estado de
Bienestar y cuestionan el pacto intergeneracional y supraclasista. Pretendiendo
que la viabilidad de este sistema pase por su polarización y su condición
asistencialista.
Así,
el panorama actual nacional está compuesto por nuevas formas de pobreza,
precariedad, abandono y olvido hacia los más vulnerables, con una situación
Europea de incertidumbre y desconfianza. Desconfianza de los ciudadanos en las
instituciones, las cuales tendrían que ser garantes de sus derechos.
Las
políticas de austeridad responden a los intereses de una minoría, el capital
financiero, puesto que la opción de las políticas redistributivas afectaría a
la inflación, y con ello a la banca. Y por otro lado, tenemos que las prácticas
especulativas de la banca se están dirigiendo hacia áreas como la seguridad
social y los servicios públicos (Navarro, 2012).
El
futuro pasa por las políticas de crecimiento
dirigidas a la redistribución de la riqueza para garantizar los cuatro
pilares del bienestar como apunta Rodríguez Cabreo. Y que la economía siga la
senda del crecimiento sostenible, la senda del desarrollo social. Para ello
hace falta una redefinición del marco europeo donde la política gobierne al
mercado, el crecimiento sustituya al ajuste continuo, y lograr acuerdos en
función de los derechos sociales.
Comenzando
esta reforma en un contexto europeo, donde las reformas persigan el desarrollo
social, atendiendo así a la cuestión social (desarrollo de los derechos) a
través de tres acciones, garantizando una renta, promoviendo la inclusión
laboral y unos servicios públicos de calidad (sanidad, educación y servicios
sociales). Para que en clave nacional, los Estados se preocupen por la
producción de bienes colectivos e inversión social, abandonando así la idea de
un Estado asistencialista.
El marco general de actuación
viene dado por la inexcusable necesidad de impulsar un nuevo pacto social y
adaptarlo a las exigencias del nuevo escenario postindustrial y global (Jordi
Sabater y Anne-Margrethe Semneland 2010). Es decir, reformular aquel estado de
bienestar del siglo XX, donde se siga luchando por una sociedad más justa donde
las necesidades de las personas estén cubiertas y puedan desarrollar sus
proyectos de vida.